Productores agrícolas de la región centro-sur del estado manifestaron su repudio hacia los diputados de Morena, por acelerar el proceso de aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales enviada por el Poder Ejecutivo.
Señalaron que no se escucharon todas las voces involucradas y que la ambigüedad en la redacción, pone en riesgo el patrimonio de los más de 600 mil titulares de concesiones de agua en el país.
Entrevistados durante el bloqueo de las vías del tren en Estación Consuelo, los manifestantes aseguraron que continuarán en pie de lucha y lamentaron la resolución fast track con la que se dictaminó la iniciativa para enviarla al pleno. Indicaron que esperan la suma de más productores con el fin de tomar decisiones más drásticas y hacer entender al Gobierno Federal que la Ley, tal como está planteada, no fue bien elaborada ni consensuada, lo que seguirá provocando protestas en el sector agrícola.
Por su parte, el diputado federal del PRI, Tony Meléndez, descalificó el proceso legislativo que acompaña a esta reforma. Afirmó que las consultas a los campesinos no se realizaron de manera adecuada, ya que solo se efectuaron en algunas regiones del país y las organizadas por la Cámara de Diputados fueron virtuales, sin el alcance ni la retroalimentación necesarios.
El legislador señaló que es falso que las solicitudes de los agricultores, tanto de Chihuahua como de otras entidades, se hayan incorporado a la iniciativa. Indicó que únicamente se realizaron cambios menores y se mantuvo el Artículo 22, el cual prohíbe la transmisión de predios agrícolas junto con los derechos de agua, lo que a su juicio provocaría que pierdan valor de manera automática.
Agregó que la discusión de la iniciativa iniciaría la tarde de ayer y que, probablemente, se utilizaría la mayoría oficialista para aprobarla en cuestión de horas, sin considerar las reservas que presentaran los diputados de oposición. Recordó que en reformas anteriores el grupo parlamentario de Morena no aceptó ninguna propuesta de modificación.
Meléndez advirtió que, además del impacto para los agricultores, existen empresas que podrían verse afectadas. Mencionó el caso de Mead Johnson en Delicias, que cuenta con una concesión y que, ante la incertidumbre que genera la nueva legislación, incluso podría cerrar, dejando sin empleo a cerca de mil trabajadores.
Finalmente, señaló que la Comisión Nacional del Agua pretende centralizar en una sola oficina las solicitudes de los usuarios de todo el país, lo que consideró inviable por la carga administrativa y muy negativo para la producción agrícola nacional.
