Este fin de semana, las redes sociales y los medios de comunicación estuvieron llenos de notas, comentarios y opiniones sobre el caso del exfiscal César Jáuregui. En lo personal, todo lo que ha rodeado este tema me ha impactado y me duele. Soy de Delicias, soy de Chihuahua y me importa profundamente lo que sucede en nuestra tierra. Por eso, no puedo mirar estos hechos con indiferencia ni dejar de preguntarme qué significan para nuestro estado, para nuestras instituciones y para el respeto a la Ley.
Creo firmemente en la institucionalidad, en el debido proceso y en que las investigaciones deben conducirse con estricto apego a la legalidad. Pero también creo que respetar esos principios no significa guardar silencio ante hechos que generan preocupación. Chihuahua y su gente merecen claridad, justicia y la certeza de que las leyes se respetan, sin importar quiénes sean las personas involucradas.
Por eso quiero abordar este tema con responsabilidad, sin descalificaciones personales y sin anticipar conclusiones. Mi interés no es tomar partido en las disputas políticas que puedan surgir alrededor de este caso, sino reflexionar sobre algo que está por encima de cualquier nombre o partido: la soberanía nacional, el respeto a la Constitución y la obligación de que toda actuación pública se ajuste a la Ley.
Hay palabras que suenan muy bien en los discursos, hasta que llega el momento de demostrar que realmente se cree en ellas. La soberanía nacional es una de esas palabras. Y hoy, Chihuahua está en el centro de una discusión que nos obliga a preguntarnos qué tan en serio nos tomamos la defensa de nuestro país.
La detención del exfiscal, en el marco de las investigaciones relacionadas con un operativo contra un presunto laboratorio de drogas en la Sierra Tarahumara, ha colocado a Chihuahua en los titulares nacionales. El caso involucra la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en territorio mexicano, un asunto que rebasa cualquier disputa partidista.
La actuación de las autoridades de Chihuahua en este caso también merece atención. Las decisiones tomadas por las instituciones estatales y el curso que han seguido las investigaciones forman parte de los hechos que deben analizarse con responsabilidad, a partir de la información disponible y de las actuaciones que se hagan públicas. Lo importante es que se esclarezca lo ocurrido y que cualquier responsabilidad se determine conforme a derecho.
Aquí hablamos de algo fundamental: las condiciones en las que las autoridades extranjeras pueden colaborar en tareas de seguridad dentro de nuestro territorio. Es necesario esclarecer cómo ocurrieron los hechos, qué autorizaciones existieron y si se vulneró la legislación mexicana. No se trata de anticipar conclusiones, pero tampoco de restarle importancia a las preguntas que hoy están sobre la mesa.
La soberanía no es un asunto de partidos: es un principio de Estado.
México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero esa colaboración debe realizarse con respeto a nuestras leyes, instituciones y Constitución. Combatir al crimen organizado es indispensable; sin embargo, ningún objetivo justifica actuar al margen del marco legal.
En este escenario, las declaraciones de los actores políticos también merecen atención. La gobernadora María Eugenia Campos ha sostenido que nadie está por encima de la Ley y, en una reciente entrevista con Latinus, calificó de «imperdonable» lo ocurrido. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la importancia de esclarecer la participación de agentes extranjeros y determinar si se actuó conforme a la legislación mexicana. También ha señalado que, hasta donde conoce, no existen elementos que involucren directamente a la gobernadora en el operativo.
El caso debe abordarse con seriedad, sin convertir las acusaciones en condenas anticipadas ni permitir que las diferencias políticas desplacen el tema de fondo: esclarecer los hechos y determinar si hubo responsabilidades legales.
Pero hay una pregunta inevitable: ¿por qué la defensa de la soberanía puede convertirse en una bandera política, en lugar de ser una convicción permanente?
La congruencia se demuestra cuando los principios se sostienen incluso en las circunstancias más incómodas, sin importar a quién puedan beneficiar o perjudicar políticamente. Por eso, quienes exigen justicia deben reconocer que esta requiere pruebas y debido proceso; y quienes invocan la presunción de inocencia deben entender que esta no significa impunidad.
La controversia también ha llegado al Congreso de Chihuahua, donde las diferencias entre las bancadas del PAN y Morena en torno a la posibilidad de llamar a comparecer a la gobernadora derivaron en la suspensión de una sesión.
En una democracia, las diferencias entre partidos son legítimas. Lo preocupante sería que un asunto de esta relevancia terminara reducido a un enfrentamiento de consignas, mientras la ciudadanía espera explicaciones claras.
Chihuahua merece respuestas y México merece conocer la verdad. No se trata de defender a una persona por su partido ni de condenarla por sus adversarios, sino de garantizar que las investigaciones lleguen hasta donde conduzcan las pruebas y que las responsabilidades se determinen conforme a derecho.
La exigencia debe ser clara: *justicia, debido proceso y cero impunidad*. Si las pruebas acreditan que alguna persona incurrió en conductas contrarias a la Ley, deberá asumir las consecuencias correspondientes, sin importar su cargo, sus relaciones políticas o el partido al que pertenezca. Esto aplica al exfiscal y a cualquier otra persona cuya responsabilidad llegue a demostrarse.
Porque el debido proceso no es un obstáculo para la justicia, sino una garantía de que se imparta correctamente. Combatir la impunidad exige investigar con rigor, actuar con apego a la Ley y no conceder privilegios.
La soberanía también se demuestra haciendo valer nuestras leyes en nuestro propio territorio y estableciendo límites claros a la intervención de cualquier gobierno extranjero. Esa responsabilidad compromete a todas las autoridades, cada una dentro de sus atribuciones.
La soberanía no puede defenderse a conveniencia, ni la justicia aplicarse según intereses políticos. En México, nadie debe estar por encima de la Ley, sin importar su cargo o afiliación partidista. Por encima de cualquier interés están la Constitución y el Estado de Derecho.
