*Juárez: la factura que nadie quiso pagar
*El rescate que no correspondía
*Gobernar o promoverse
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En política, los errores se corrigen… pero las omisiones se cobran. Lo que estalló en Ciudad Juárez no fue un descuido menor, fue una omisión fiscal que creció en silencio hasta convertirse en un problema de proporciones millonarias. El municipio dejó de enterar al SAT las retenciones de ISR de sus trabajadores desde 2021, generando un adeudo cercano a los 118 millones de pesos, con consecuencias directas: la suspensión de participaciones federales.
No es un tema técnico, es un tema de responsabilidad. Ese dinero no era opcional, no era negociable, no era interpretable. Era obligación legal. Y sin embargo, nadie detuvo la bola de nieve. Nadie explicó a tiempo. Nadie asumió el costo político cuando aún era manejable. En cualquier estructura seria, esto habría provocado renuncias inmediatas. Aquí, provocó silencio.
El problema no es solo el adeudo, es la señal. Porque cuando un gobierno falla en lo más básico, deja en duda todo lo demás. No fue un error administrativo… fue una omisión que hoy pasa factura.
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Ante el colapso financiero, quien terminó interviniendo fue el Gobierno del Estado. La gobernadora Maru Campos operó un mecanismo de coordinación fiscal que permitió reducir el adeudo en un 75%, dejando al municipio con la carga restante. En términos claros: un rescate que evitó un golpe mayor a la operación de la ciudad.
No era su obligación directa, pero sí una decisión política para contener el daño. Porque cuando se suspenden recursos federales, no se castiga al gobierno, se castiga a la ciudad. Servicios, obras, operación… todo queda en riesgo. El Estado actuó para evitar que la crisis administrativa se convirtiera en crisis social.
Pero hay una línea que no se puede borrar: resolver no es lo mismo que haber provocado el problema. Y mientras uno apaga el incendio, el otro tiene que explicar por qué dejó que se encendiera. El rescate evita el colapso, pero no borra la responsabilidad.
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En medio del problema, aparece el factor político. Porque mientras se acumulaba una bomba fiscal, la agenda pública del alcalde Cruz Pérez Cuéllar ha estado marcada más por su proyección que por la rendición de cuentas. Y ahí es donde la crisis deja de ser financiera… para volverse política.
No es la primera vez que se cuestiona el equilibrio entre gobierno y aspiración. En distintos momentos, actores locales han señalado que la atención del municipio se ha dispersado entre la operación diaria y el posicionamiento rumbo al 2027. El problema es que la administración no admite distracciones. Mucho menos cuando hay obligaciones legales de por medio.
Ciudad Juárez no necesita discursos ni escenarios futuros. Necesita orden hoy. Porque gobernar no es prepararse para la siguiente elección, es responder por la actual responsabilidad. Cuando la política distrae, la realidad cobra.
