ALLÁ EN ROSALES, o Pueblo Quieto para los amigos, el cambio de piel política parece haberse convertido en deporte de temporada.
Y si no, pregúntele a la regidora de Turismo, Saray Márquez Giner, quien decidió dejar atrás al PRI, partido que la llevó al Cabildo, para buscar ahora cobijo en Acción Nacional.
La mudanza política no pasó precisamente desapercibida.
Los grillos de café de aquel poblado aseguran que el asunto no es tanto que Saray haya decidido cambiar de camiseta, sino que dentro del propio PAN habría quienes no están demasiado convencidos de abrirle la puerta.
Vaya usted a saber.
Lo cierto es que el movimiento sí tiene una consecuencia política bastante concreta: el PRI se queda con una sola representante en el Cabildo, Sashel Sánchez, quien ocupa una regiduría de representación proporcional.
Y ahí la cosa cambia.
Porque una cosa es perder a una militante y otra perder representación en el máximo órgano municipal.
Ahora habrá que ver qué decide hacer el PRI con la salida de Saray y si existe algún procedimiento partidista derivado de su cambio de afiliación.
Los estatutos son una cosa y la política otra, pero ambas suelen encontrarse cuando alguien cambia de camiseta a mitad del partido.
Por lo pronto, en Rosales ya tienen una nueva colección de colores.
PRI: uno. PAN: veremos. Y Saray, buscando dónde le queda mejor la camiseta.
Entuerto interesante.
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AL QUE NO DEJARON IR EN BLANCO los reporteros de la fuente de Gobierno fue a Jesús Valenciano durante su paso por Palacio de Gobierno, donde acudió para presentar los pormenores del DIGAL 2026.
Los colegas aprovecharon la conferencia para meterle un poco de política al menú.
Y vaya que salió carnita.
Le preguntaron por la contienda interna en Chihuahua capital, donde andan sonando Santiago de la Peña y César Jáuregui, y Jotave, para los compas, soltó la frase que rápidamente llegó a las mesas de La Calesa y La Casona:
“Si no se ponen las pilas, me lanzo yo”.
Y claro, la frase no tardó ni lo que dura un café en convertirse en tema político.
Jáuregui, con el colmillo que ya tiene, le respondió que es bienvenido porque es su amigo.
Punto para el buen ambiente… al menos públicamente.
Pero hubo otra pregunta con jiribilla.
Le hicieron saber que circulaban versiones sobre supuestas diferencias con Mario Mata y Valenciano respondió que era “puro chisme” y que apenas unos días antes habían estado jugando dominó.
La reportera todavía le metió otra ficha preguntándole si había apostado la diputación.
Ahí sí, Jotave soltó la carcajada.
Y es que la respuesta importa menos que el escenario.
Porque si algo dejó claro la visita de Valenciano a Palacio, es que su nombre ya está siendo colocado en conversaciones que van más allá de Delicias.
¿Fue una broma?
¿Un tanteo?
¿Un mensaje para los que están repartiendo cartas?
Vaya usted a saber.
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AH, QUÉ CARAY. Si uno se dejara llevar por lo que se comenta en las mesas de café, uno de los negocios más rentables de la región sería abrir una oficina, ponerle un letrero de “amparos vehiculares” y empezar a vender láminas para vehículos extranjeros.
Precio aproximado que se menciona: 2 mil 600 pesos.
Y listo.
El problema es que una cosa es vender una identificación expedida por una organización particular y otra muy distinta que esa lámina tenga validez oficial ante la autoridad.
Ahí está precisamente el punto que Vialidad debería aclarar.
Porque se está generando entre los propietarios de vehículos extranjeros la percepción de que portar una de estas placas o engomados, acompañada de un supuesto amparo, significa que pueden circular sin problema.
¿Es así?
¿No lo es?
¿En qué casos existe realmente protección jurídica?
¿Y qué ocurre si el vehículo circula con una identificación que no fue expedida por la autoridad?
Esas son las preguntas que deberían contestarse.
Porque si una organización está cobrando 2 mil 600 pesos por una lámina y el ciudadano sale convencido de que con eso ya nadie puede molestarlo, estamos frente a un asunto que va mucho más allá de una placa bonita.
Y si además la autoridad no explica claramente qué procede, el negocio seguirá creciendo al amparo de la confusión.
La pregunta ya no es cuánto cuesta la laminita.
La pregunta es cuánto vale realmente frente a la Ley.
Y ahí, quien tiene la última palabra no es la organización que la vende.
Es la autoridad.
