La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), dio a conocer que en los últimos dos años contabilizaron un total de mil 569 órdenes y medidas de protección para mujeres víctimas del delito por razón de género y de lo familiar, en los municipios de la región centro sur.
En el caso de las órdenes de protección, durante el año 2024 se tuvieron un total de 688, mientras que en el periodo comprendido en el 2025 sumaron 709, es decir, se tuvo un incremento apenas del 3 por ciento.
Sin embargo, en las medidas de protección, en la información brindada por la FEM a El Diario de Delicias: durante el período del 2024 sumaron un total de 66, mientras que en el 2025 se registraron 106, observándose una alza del 38 por ciento.
De acuerdo con la dependencia estatal, las medidas de protección son acciones urgentes emitidas por la misma FEM para prevenir, detener y mitigar la violencia contra mujeres y la familia, buscando la seguridad de la víctima mediante acciones como restricción al agresor o albergue, asegurando un acceso rápido y especializado a la justicia en casos de violencia familiar, sexual, feminicidio y trata, bajo la Ley local.
Teniendo como objetivo principal, impedir la continuación de agresiones, evitar la escalada de violencia y garantizar la seguridad física y psicológica de la víctima y sus hijos/as, estas se fundamentan en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otras leyes de protección, como la Ley de Atención y Protección a Víctimas.
En tanto, la orden de protección es gestionada a través de la FEM, siendo una resolución judicial que emite medidas urgentes para proteger a víctimas de violencia de género y familiar, como la prohibición de acercamiento o comunicación con el agresor, la separación inmediata del domicilio y otras restricciones, como regímenes de visitas, para salvaguardar su integridad física y psicológica, integrando acciones penales y civiles para dar una respuesta integral y rápida ante un riesgo inminente, conforme a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta es una orden dictada por un juez o jueza, que concentra medidas de protección civiles y penales en una sola resolución, que busca dar una respuesta rápida para prevenir daños mayores a la víctima, sus hijos e hijas.
Incluye medidas como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, limitación de acceso a su domicilio, trabajo o escuela, y separación inmediata del hogar; combina protección penal, persiguiendo el delito, con medidas civiles, como guarda y custodia o pensión alimenticia.
