Aunque goza de fuero constitucional, el senador no puede abandonar México por alertas activas relacionadas con la indagatoria por presunto desvío de 98.6 millones de pesos
Chihuahua.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción confirmó que el exgobernador de Chihuahua tiene prohibido salir del territorio nacional debido a alertas migratorias vigentes y solicitudes formales enviadas a autoridades federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración (INM). La medida se desprende de la investigación que enfrenta por presunto peculado agravado de 98.6 millones de pesos, aunque su calidad de legislador con fuero impide, por ahora, ejecutar una orden de captura en su contra.
El fiscal Abelardo Valenzuela Holguín sostuvo que la solicitud del INM a un juez de control sobre datos biográficos de Javier Corral Jurado no es un procedimiento aislado, sino parte del seguimiento legal a un expediente que también involucra al exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez y a un particular identificado como López Elías. “Ninguno de los tres puede salir del país. En el caso del senador, como ciudadano mexicano, no puede hacerlo bajo ninguna circunstancia”, subrayó el funcionario, quien explicó que las restricciones migratorias se activaron tras la emisión de la orden de aprehensión solicitada por su dependencia.
Aunque el fuero parlamentario blinda temporalmente a Corral de un proceso judicial directo, Valenzuela aclaró que este privilegio no frena el actuar del Ministerio Público en la aplicación de medidas preventivas como alertas o notificaciones internacionales. “El fuero opera ante el juez, no ante la Fiscalía. Nosotros continuamos con la investigación y las acciones necesarias, aunque la aprehensión no pueda materializarse en este momento”, puntualizó. Sobre versiones de que el senador pudiera contar con un pasaporte estadounidense, el fiscal evitó especular y reiteró que las limitaciones vigentes corresponden estrictamente a su estatus como ciudadano mexicano.
En paralelo, el titular anticorrupción defendió los resultados de su gestión, asegurando que, desde diciembre de 2022, la Fiscalía no ha perdido un solo recurso legal. “Encabezamos el primer lugar nacional en amparos resueltos a nuestro favor, entre 400 y 500 casos, porque todo se integra con control judicial”, expuso. La declaración marcó distancia con la administración previa, a la que acusó de fallas procesales que derivaron en el colapso de expedientes. “Hoy actuamos con apego estricto a la ley y al debido proceso, sin dejar cabos sueltos”, concluyó.