Auditorías forense y financiera revelan pagos improcedentes, retrasos en infraestructura y entregables incompletos por parte de la empresa contratada Seguritec
Chihuahua.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó una serie de incumplimientos contractuales, retrasos en obras estratégicas y pagos por bienes y servicios no acreditados dentro del Proyecto Centinela, lo que podría derivar en sanciones económicas por un monto estimado de 98.4 millones de pesos contra la empresa responsable de su ejecución.
Durante la presentación de los resultados, el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que las revisiones se realizaron mediante una auditoría forense y una auditoría financiera aplicadas a la Cuenta Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), enfocadas específicamente en el Proyecto Centinela. En ambos ejercicios se detectaron pagos efectuados sin que los entregables cumplieran con lo establecido en los contratos, así como modificaciones al proyecto realizadas sin respaldo jurídico suficiente.
En el análisis correspondiente al ejercicio fiscal 2023, la ASE observó que las penas convencionales aplicadas fueron de apenas 1.9 millones de pesos, pese a que, conforme a los hallazgos técnicos, debieron alcanzar cerca de 5 millones. Además, se documentaron retrasos significativos en la construcción de la Torre Centinela durante 2023 y 2024, junto con cambios al proyecto que carecieron del instrumento legal adecuado para su validación.
El desglose de la Cuenta Pública 2023 reveló la falta de entrega de 163 arcos carreteros, nueve filtros Centinela, mil 643 cámaras de videovigilancia, 239 drones, un sistema antidron, 65 tabletas electrónicas y subcentros de operación que debían funcionar en Ojinaga, Bocoyna, Madera y Nuevo Casas Grandes. Para 2024, las auditorías detectaron nuevos incumplimientos, entre ellos la omisión en la instalación de 30 arcos carreteros, 10 filtros, 17 cámaras de video, así como 78 meses de trabajo no comprobados, además de centros de mando aún pendientes en Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes.
Con base en estos resultados, la ASE realizó un ejercicio técnico para cuantificar las penas deductivas y sanciones que la SSPE debe aplicar a Seguritec, determinando un monto preliminar de 98.4 millones de pesos, actualmente en proceso de confirmación para su recuperación. Acosta Félix explicó que la normativa permite al proveedor solicitar procesos de conciliación, por lo que se han desarrollado 14 reuniones ante la Secretaría de la Función Pública para revisar la procedencia de las sanciones.
El auditor agregó que, como medida preventiva, ya se retuvieron los pagos correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2024 a la empresa, garantizando así el monto observado. Finalmente, subrayó que el contrato del Proyecto Centinela sigue vigente, lo que permite al Estado corregir desviaciones, evitar sobrecostos y asegurar la aplicación de las sanciones. También reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública ha atendido de manera puntual las observaciones emitidas por el órgano fiscalizador.