La insuficiencia de recursos que el IMSS destina a las guarderías subrogadas amenaza la continuidad de estos servicios en el país, debido a que los costos de operación han aumentado hasta 157 por ciento desde 2018, mientras que las cuotas por niño apenas se han actualizado alrededor de 44 por ciento, advirtieron el asesor financiero, Héctor Manuel Iracheta Lara y la empresaria Patricia Chávez.
Iracheta Lara, expresidente de Coparmex Delicias, explicó que la aportación que recibían las guarderías en 2018 equivalía a 2.5 salarios mínimos por infante, mientras que actualmente representa apenas 0.6, esto por el incremento de los salarios y los gastos que implica cumplir con las estrictas normas de atención.
Detalló que el IMSS paga entre 6 mil 200 y 6 mil 300 pesos mensuales por niño a las guarderías subrogadas, cuando el costo real estimado oscila entre 10 mil y 13 mil pesos. En contraste, el servicio en instalaciones operadas directamente por el Instituto representa un gasto de aproximadamente 16 mil pesos por menor.
El especialista señaló que alrededor de 55 mil millones de pesos se recaudan anualmente mediante la aportación patronal del uno por ciento destinada a este seguro, pero solamente se ejercen unos 14 mil millones, por lo que consideró necesario transparentar y revisar la aplicación de esos recursos.
Por su parte, Patricia Chávez, quien hace unos años cerró su guardería después de 25 años de prestar el servicio, explicó que tomó esa decisión porque ya no podía sostener el ritmo de gastos necesario, para garantizar una atención adecuada y cumplir con todas las obligaciones operativas.
Señaló que cada establecimiento requiere personal especializado, educadoras, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, instalaciones y mobiliario adecuados, además de que hay supervisiones trimestrales del IMSS. Aseguró que su cierre no fue una decisión sencilla, pues le afectó especialmente dejar de atender a las familias que confiaron en su servicio.
Chávez indicó que en Chihuahua había 87 guarderías subrogadas y actualmente quedan 72. Advirtió que los contratos de alrededor de 700 establecimientos en el país vencen el 31 de diciembre de 2026, situación que podría dejar sin atención a entre 100 mil y 120 mil menores y poner en riesgo unos 20 mil empleos.
Ambos coincidieron en la necesidad de un acuerdo entre el IMSS y los prestadores de servicios para evitar cierres, que bajarían la productividad de las empresas al ser afectados padres y madres de familia.
