Santiago De la Peña señaló que uno de los principales retos será homologar las cifras y distinguir entre desplazamiento forzado y movilidad laboral temporal
Chihuahua .— Los gobiernos de Chihuahua y la Federación acordaron fortalecer la coordinación para dar seguimiento a los casos de desplazamiento forzado interno registrados en distintas comunidades del estado, particularmente en regiones de la Sierra, informó el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda.
El funcionario explicó que el tema fue revisado durante la Mesa Estatal de Seguridad de este lunes, después de que organizaciones civiles han señalado que familias de comunidades de la Sierra de Chihuahua se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen debido a situaciones relacionadas con la violencia.
De la Peña señaló que, tras la reunión que sostuvo la semana pasada junto con la gobernadora Maru Campos con autoridades de la Secretaría de Gobernación, se acordó mantener una comunicación más cercana con la Subsecretaría de Derechos Humanos, instancia que dará seguimiento a los casos de personas desplazadas.
“Se acordó que íbamos a empezar a trabajar con mucha mayor cercanía con la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien se está ocupando de dar seguimiento al tema de los desplazados”, indicó el secretario general de Gobierno.
Uno de los puntos que las autoridades consideran necesario revisar es la metodología para contabilizar a las personas afectadas, debido a que existen diferencias entre los registros oficiales y las cifras presentadas por organizaciones civiles. De acuerdo con un informe difundido en agosto por integrantes de la Misión Civil de Observación, durante 2025 habrían sido desplazadas 4 mil 492 personas por situaciones de violencia en comunidades de la Sierra Tarahumara.
El propio De la Peña reconoció que no existe coincidencia plena entre los diferentes registros, por lo que consideró necesario precisar los criterios utilizados para identificar a quienes realmente se encuentran en condición de desplazamiento forzado.
Como parte de esta revisión, explicó que también se planteó la posibilidad de que algunas personas que salen temporalmente de sus comunidades para incorporarse a actividades agrícolas, como las cosechas de chile, nuez o cebolla, pudieran estar siendo contabilizadas dentro de algunos registros de población desplazada.
Por ello, el funcionario consideró importante establecer una diferencia entre quienes realizan movilidad laboral temporal y aquellas personas que abandonan de manera forzada sus comunidades debido a condiciones de violencia, con el objetivo de contar con información más precisa sobre la magnitud del fenómeno en Chihuahua.