Decisión judicial que favorece a familiar de líder del Congreso estatal provoca acusaciones de impunidad y presunto tráfico de influencias
Parral.- El fallo de una jueza en Hidalgo del Parral encendió la indignación social y reavivó el debate sobre la impartición de justicia en Chihuahua, luego de que se revocara la vinculación a proceso contra Fernando R. G., señalado por un intento de homicidio y lesiones en agravio de dos personas. La resolución permitió liberar de responsabilidad penal al imputado, quien además es hermano del presidente del Congreso del Estado, lo que detonó señalamientos de posible tráfico de influencias.
La determinación fue emitida por la magistrada Elizabeth Macías, integrante de la Sala Regional en Parral, quien resolvió dejar sin efecto el proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa, pese a que el acusado se encontraba bajo prisión preventiva. El caso se originó por hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2025 en las inmediaciones de la Funeraria Loya, donde presuntamente el imputado disparó contra Eloy Soto Payán, resultando también heridos Héctor Villasana Ramírez y Enrique Eduardo Muñoz.
De acuerdo con los afectados, el ataque quedó registrado en testimonios y material audiovisual, además de que las víctimas presentan lesiones permanentes. Sin embargo, la resolución judicial fue calificada por los denunciantes como un “atropello a la justicia”, al considerar que existen elementos suficientes para sostener el proceso penal. La controversia aumentó debido al vínculo familiar del acusado con el diputado local Guillermo Ramírez Gutiérrez, actual presidente del Poder Legislativo estatal.
Ante este escenario, las víctimas y sus representantes exigieron la intervención inmediata del Tribunal de Disciplina Judicial, del Congreso del Estado y de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de revisar la actuación de la magistrada. Advirtieron que no permitirán que intereses políticos influyan en el acceso a la justicia ni en el derecho a la reparación del daño, subrayando que continuarán con acciones legales para impugnar la resolución.
