Revocan resolución que había frenado el caso y ordenan a la Fiscalía profundizar en los hechos denunciados
Chihuahua.- Un Tribunal Colegiado federal determinó reabrir una investigación penal por el delito de extorsión, al considerar que existen elementos suficientes para que la Fiscalía General del Estado continúe con las indagatorias en contra de un ex consejero jurídico del Gobierno de Chihuahua y un particular que habría actuado como su socio, durante el ejercicio del cargo público.
La resolución fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el Amparo en Revisión 2055/2024, promovido por el abogado Irving Anchondo Valdéz. Con este fallo, la instancia federal dejó sin efectos la determinación previa de un Juez de Distrito que había validado el no ejercicio de la acción penal dictado por el Ministerio Público, ordenando así reactivar la carpeta de investigación.
De acuerdo con el Tribunal, la Fiscalía deberá investigar nuevamente los hechos denunciados contra Carlos Emmanuel A., alias “El Meño”, y Maclovio M. Ch., quien habría participado en la presunta extorsión aprovechando su investidura como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, lo cual representa un agravante conforme a la legislación penal vigente en Chihuahua.
Según lo establecido en el artículo 376 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el delito de extorsión contempla sanciones que van de 15 a 40 años de prisión, es considerado imprescriptible y no permite beneficios como libertad anticipada, sustitución de sanciones o condenas condicionales, lo que refuerza la gravedad del caso.
En declaraciones posteriores a la resolución, el abogado Anchondo señaló que el fallo federal evidencia que la persecución ejercida contra exfuncionarios, familiares y particulares no respondió a un ejercicio legítimo de justicia. “La instancia federal reconoce que los hechos acreditados corresponden a un esquema de extorsión, y no a una operación de justicia para el estado”, afirmó.
El testimonio del afectado —cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad— señala que Carlos Emmanuel A. habría exigido el pago de seis millones de pesos, bajo amenazas de iniciar nuevas investigaciones penales y proceder contra miembros de su familia. Las presiones, según la denuncia, incluyeron amenazas verbales realizadas durante una visita al CERESO No. 1, donde el presunto extorsionador aseguró contar con fotografías y videos que demostraban vigilancia directa sobre los familiares de la víctima.
Finalmente, la defensa legal informó que, además de solicitar la pena de prisión correspondiente durante la audiencia inicial, promoverá una reparación integral del daño estimada en cerca de 40 millones de pesos, monto que incluye honorarios legales y la indemnización por daños materiales, psicológicos y morales ocasionados al afectado y a su entorno familiar. Asimismo, se confirmó que ya se presentó una denuncia adicional por nuevas amenazas ante la Fiscalía General del Estado.
