Las declaraciones de Saskia Niño de Rivera ante un grupo de empresarios sobre el sistema penitenciario de Chihuahua llaman la atención por su falta de contexto y por la defensa implícita de un pasado que el estado ya superó. Resulta revelador que sus críticas se enfoquen en descalificar el proceso actual, mientras reivindican —aunque sea de manera indirecta— los tiempos de exfuncionarios públicos que hoy se encuentran presos, precisamente por la forma en que administraron el sistema y los recursos públicos.
Llama la atención que estas expresiones se emitan desde una tribuna empresarial cuando durante los sexenios de César Duarte y Javier Corral se otorgaron, a través de intermediarios y prestanombres, contratos de alto monto a proyectos vinculados con la misma conferencista. En particular, a supuestos encuentros de lucha libre y programas de intervención social en centros penitenciarios, de los cuales hasta hoy no existe evidencia pública clara de ejecución ni de resultados. Este antecedente explica en buena medida el tono de inconformidad con el que hoy se pretende descalificar una estrategia que dejó atrás la simulación y cerró la puerta a los negocios opacos.
Resulta todavía más revelador que Saskia Niño de Rivera haga referencia a los tiempos en que Eduardo Guerrero era responsable del sistema penitenciario estatal, hoy recluido en un penal federal, como si se tratara de una etapa digna de nostalgia o defensa. Aquellos años estuvieron marcados por la ausencia de controles, el autogobierno dentro de los Ceresos y la normalización de prácticas que hoy el Estado ha erradicado. A ese mismo periodo pertenecen también los contratos autorizados durante la administración de César Duarte, quien igualmente se encuentra privado de la libertad, y cuya gestión dejó un legado de desorden, opacidad y debilitamiento institucional.
La administración de Javier Corral, lejos de corregir ese deterioro, mantuvo un sistema penitenciario sin conducción clara, con centros descuidados que se convirtieron en un caldo de cultivo para la violencia y los delitos dentro y fuera de los penales. Esa falta de control derivó en consecuencias trágicas, como el llamado Jueves Negro, donde perdieron la vida custodios y se registraron evasiones que marcaron a Chihuahua y evidenciaron el abandono prolongado de los Ceresos.
Desde 2023, con la asunción del control del sistema penitenciario por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el rumbo cambió de manera decidida. Hoy existe una estrategia clara, medible y sostenida que ha permitido reducir la sobrepoblación, erradicar privilegios indebidos, fortalecer las inspecciones permanentes y restablecer el orden institucional. Los Ceresos dejaron de ser espacios de negocio y desorden para convertirse en centros bajo la gobernabilidad del Estado, con reglas claras y autoridad legítima.
Por eso sorprende que se pretendan defender tiempos que representan justo lo que Chihuahua decidió dejar atrás: la simulación, el abandono y el uso discrecional de los centros penitenciarios.
