*Policías desarmadas, crimen armado *El Pasito, negocio de fuego *Justicia bajo órdenes

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La Secretaría de Seguridad Pública Estatal a cargo de Gilberto Loya, realizó el desarme de las policías municipales de Matachí y Namiquipa, ambas corporaciones con serias denuncias de corrupción y de actividades ilícitas. 

Ahora estos dos municipios se suman a los otros 14 que no cuentan con policía municipal, por lo que las autoridades estatales se vieron en la necesidad de desplegar elementos para iniciar funciones de mando único.

La bronca surgió luego de una serie de denuncias por irregularidades, más los últimos hechos en donde grupos delictivos arremetieron contra la infraestructura Centinela, pues derribaron arcos y dañaron cámaras.

Había muchos agentes con sus certificados de confianza vencidos y les encontraron armamento superior al que tenían permitido, es decir, muchas armas que obtuvieron “quién sabe de dónde”, por lo que ya se indaga el origen de esas armas, en su mayoría largas. 

Al paso que vamos sólo habrá policía municipal en Chihuahua, pues en lugares como Juárez, están infiltrados hasta los huesos por la delincuencia organizada.

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La noche de este martes se incendió una parte del mercado de fayuca conocido como El Pasito, propiedad del político y dueño de la franquicia del PT en Chihuahua, Rubén Aguilar.

A nadie extraña que la familia Aguilar se la pase envuelta en cosas turbias, por ejemplo este incendio que muchos atribuyen a irregularidades en el sistema eléctrico, pues está lleno de los conocidos como diablitos, que no son otra cosa más que instalaciones para robarse la luz y no pagar a la CFE.

Es momento de que se le ponga un alto a todo el saqueo, extorsiones, amenazas y corruptelas de Rubén Aguilar y su familia que han vivido de los chihuahuenses por décadas, siempre utilizando mañas, moches y acuerdos por debajo de la mesa.

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No han pasado ni 24 horas desde la asunción del nuevo Poder Judicial —totalmente afín a Morena y forjado a su imagen— y ya suena el martillo de la amenaza: jueces y magistrados sin renovar serán juzgados por un tribunal que ellos mismos controlan. Este “Tribunal de Disciplina Judicial” —que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal— fue instalado apenas el 2 de septiembre, presidido por Celia Maya, aspirante fallida a gobernadora de Querétaro y figura afín a Morena.

 Completan el órgano Bernardo Bátiz, exprocurador capitalino y consejero de la Judicatura, la magistrada Verónica de Gyves, ligada familiarmente a la judicatura y Rufino H. León Tovar, todos electos en un proceso donde Morena colocó a su gente en bloque.

Si hay retrasos en resoluciones o supuestas injusticias, el tribunal ya anticipó sanciones y hasta cárcel contra quienes determinen “corruptos” —es decir, quienes ellos digan que lo son. En teoría, perseguir jueces negligentes o culpables no estaría mal… si realmente no se tratara de represión disfrazada de disciplina. Cuando todos los que determinan la “corrupción” son fieles al régimen, ¿qué juez será lo suficientemente valiente como para dictar una sentencia incómoda?

Esto no es justicia, es control. No hay imparcialidad posible cuando el juez y el fiscal son del mismo lado. El Poder Judicial, en lugar de contrapeso, se ha convertido en extensión del Ejecutivo y Legislativo morenistas. La independencia ya está en jaque, se tambalea y cae: lo que tenemos enfrente es la venganza institucional. Cualquier juez que ose actuar contra los intereses del régimen, lo sabe: se la juega o termina tras las rejas. Los jueces ya saben lo que les espera si se salen del libreto.